El secretario general de Agricultura y Alimentación examina con las comunidades autónomas la situación del sector del vino

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido hoy por videoconferencia con los representantes de las comunidades autónomas para analizar la situación actual del sector vitivinícola y poner en común las posibilidades de actuación que el nuevo paquete legislativo de la Unión Europea (UE) otorga a los Estados miembros como consecuencia de la Covid-19.

Los textos reglamentarios de próxima aprobación permiten prorrogar las flexibilidades aprobadas el pasado año en relación con la gestión del Programa de Apoyo al Sector de Vino (Pasve) y que se han incorporado ya a un proyecto de Real Decreto en tramitación y que se publicará en breve.

Ha informado de que uno de los proyectos de reglamento que se están tramitando en Bruselas, permite a los Estados miembros adoptar otra vez, si lo consideran oportuno, medidas excepcionales de gestión de crisis, en forma de destilación o de ayudas al almacenamiento privado, con cargo a los fondos del Pasve de 2021. No se ha redactado aún por parte del ministerio ningún proyecto normativo en relación a esta cuestión.

Ha recordado el importante esfuerzo realizado el pasado año que ha permitido destinar 85,36 millones de euros del ejercicio 2020 a medidas excepcionales, como la destilación de crisis, las ayudas al almacenamiento privado y la cosecha en verde. El Pasve del actual ejercicio 2021 prevé ya otros 6 millones de euros que se abonarán en concepto de cosecha en verde para actuaciones realizadas en la pasada vendimia. En total, se han destinado más de 91 millones de euros a medidas de crisis, lo que ha supuesto que muchas solicitudes de apoyo presentadas el año pasado por los operadores en el ámbito del resto de las medidas del Pasve (promoción, reestructuración y reconversión de viñedos e inversiones en bodegas) se tendrán que financiar con fondos del actual ejercicio 2021.

Esta situación limita las disponibilidades presupuestarias para eventuales  medidas excepcionales, puesto que la Comisión Europea no ha dispuesto fondos adicionales con esta finalidad.

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