Los regantes de aguas subterráneas se la juegan en la Audiencia de Valladolid el 24 de octubre

Centenares de regantes de aguas subterráneas tienen su futuro pendiendo de un hilo: el criterio de la Audiencia Provincial de Valladolid sobre si ha prescrito la capacidad del agricultor para inscribir su derecho a usar el pozo con el que ha venido regando, en la mayoría de los casos, desde hace décadas. Se dirime así en los tribunales una cuestión que puede derivar en un golpe que deje en la ruina a centenares de explotaciones que giran en torno al regadío.

¿Qué es lo que se juzga?

Se trata de una decisión sobre el acceso a las aguas subterráneas que en su día (antes de 1985) se autorizó por la sección de Minas del Ministerio de Industria. Ese año se aprobó la Ley de Aguas, que ‘nacionalizaba’ (convertía en dominio público) las aguas subterráneas en España.

Esa norma establecía en sus disposiciones transitorias un plazo de 50 años para mantener el carácter privado de su autorización, siempre que inscribieran su pozo en el catálogo de aguas privadas de la CHD.

¿Por qué hay pozos sin registrar?

Si se repasa todo lo sucedido desde el año 85 encontramos que el regante no ha tenido acceso a una información adecuada sobre el proceso que debía realizar y sobre la gravedad de no hacerlo. A ello ha contribuido el que abrieran unos plazos de regularización muy breves: el último finalizó en 2001.

Cabe añadir una actuación descoordinada en los inicios por parte de los ministerios, sin que en estos años haya habido un seguimiento por parte del gestor del agua para apercibir al regante de que debía regularizar su situación.

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